Pisos turísticos en Palma

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca quiere que haya más inspecciones de alojamientos turísticos. Antoni Noguera, el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Vivienda y Urbanismo del consistorio durante la presentación de su plan sobre medidas para "garantizar el acceso a una vivienda digna" advirtió de que "este verano los alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares seguirán prohibidas, como hasta ahora, pero con más inspecciones y multas", según recoge la nota de prensa del acto.

La comunidad cuenta con una normativa que regula la vivienda turística desde 2012 y en esta ley se prohibe la existencia de apartamentos turísticos en lo que califica como viviendas "plurifamiliares", es decir, bloques de pisos. Por lo que solo podría haber viviendas turísticas legales en casas aisladas. El Gobierno de la comunidad autónoma está en proceso de desarrollar una nueva ley que actualice la norma que existe ahora.

Por el momento, en el artículo 52 de la normativa vigente se establece que "las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítulo tienen que responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada", por lo que deja fuera los bloques y los adosados. "En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes que se encuentran en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad horizontal, quedando en consecuencia prohibida la comercialización de estancias turísticas en este tipo de viviendas", dice esta normativa.

La ley establece además un régimen de sanciones que van desde la leve, tipificada con 4.000 euros de multa, hasta las muy graves, que pueden ascender a los 400.000 euros. "Como sanciones accesorias podrán imponerse la suspensión temporal del ejercicio de actividad de la empresa o del ejercicio profesional, la revocación de la habilitación otorgada por la administración turística o la pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística o la clausura temporal o definitiva del establecimiento", añade la normativa.

Sin embargo, a pesar de que exista la normativa si no se realizan inspecciones y se abren expedientes sancionadores el fenómeno persistirá. Fuentes del consistorio señalan que el ayuntamiento no tiene potestad para llevar a cabo estas inspecciones y que tiene que ser la comunidad la que las realice. A esto se suma que las competencias en este sentido recaen en las comunidades autónomas y no en los ayuntamientos, por lo que el consistorio no tiene capacidad de prohibir o cambiar las normas. Desde el consisorio de la capital de la isla consideran que el fenómeno turístico y el alto número de alojamientos turísticos ha hecho que en los últimos tiempos se haya disparado el precio de la vivienda en la ciudad y se haya producido la "desplobación" de residentes de algunos barrios de Palma.

Debate sobre el turismo sostenible

En este sentido, Illes Baleares vive un fenómeno similar al de Catalunya o la Comunidad Valenciana. En ambas comunidades, se están llevando a cabo expedientes sancionadores para las viviendas que no cumplen con la normativa y no cuentan con la licencia turística correspondiente. En algunos casos, los expedientes alcanzan a las propias plataformas que los anuncian por considerar que estas deben comprobar que sus anuncios cumplen con la normativa. Un punto sobre el que discrepan las plataformas que consideran que la ley no les obliga a hacer una vigilancia activa sobre las viviendas que se publican